Una frase se repite con fuerza en medios y conversaciones familiares: “se prohíben los celulares en los colegios”. El enunciado parece claro, pero simplifica un debate mucho más profundo. No se trata solo de dispositivos, sino de las condiciones necesarias para aprender en una escuela atravesada por la cultura digital.
El eje temático —la regulación del uso de celulares en el aula— dejó de ser una excepción para convertirse en política educativa en expansión. Según el Informe de
Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (2023), 79 países ya restringen o prohíben el uso de teléfonos móviles en las escuelas. El organismo advierte que la incorporación de tecnología sin criterios claros puede afectar el aprendizaje, la convivencia y la salud mental, y sostiene que los estudiantes deben aprender tanto los riesgos como las oportunidades que conlleva su uso.
Atención, convivencia y equidad
La discusión no gira en torno a eliminar la tecnología educativa. El foco está en ordenar el uso de dispositivos personales de comunicación durante la clase. La pregunta pedagógica es concreta:
¿qué condiciones necesita el aula para sostener atención, diálogo y participación?
Los datos de la
OCDE aportan contexto. En PISA 2022, el 65 % de los estudiantes reportó distraerse con dispositivos digitales durante las clases, y el 45 % afirmó sentirse nervioso o ansioso cuando no tiene el teléfono cerca. El informe también señala que un uso recreativo de más de una hora diaria se asocia con peores resultados en matemáticas, mientras que un uso moderado y con fines educativos puede fortalecer el sentido de pertenencia escolar.
En esa tensión se inscriben las políticas recientes. Francia prohibió los celulares en primaria y secundaria desde 2018; España aplica restricciones desde 2020; Italia vetó el uso de smartphones en el aula a partir de 2024. En América Latina, distintas jurisdicciones comenzaron a discutir marcos similares. Más que una cruzada tecnofóbica, se trata de recuperar un espacio de interacción humana directa.
La evidencia empírica refuerza el argumento. El estudio
Removing Phones from Classrooms Improves Academic Performance, realizado por investigadores de las universidades de Pensilvania, Jawaharlal Nehru y Copenhague con casi 17.000 estudiantes en India, mostró que retirar físicamente los teléfonos del aula mejoró las calificaciones, especialmente entre alumnos con bajo rendimiento previo. El impacto fue comparable al de programas intensivos de desarrollo docente y no afectó la asistencia. Además, redujo la brecha entre estudiantes con mejores y peores resultados.
Estos hallazgos invitan a pensar la regulación como herramienta de equidad. Cuando la atención se dispersa, quienes cuentan con mayores estrategias de autorregulación suelen compensar; los más vulnerables no. Limitar distracciones puede nivelar el terreno sin perjudicar a nadie.
Ahora bien, prohibir no alcanza. La propia
UNESCO advierte que las restricciones deben acompañarse de educación digital explícita: alfabetización mediática, comprensión de la huella digital, privacidad, verificación de información y autocuidado en redes. Regular sin educar corre el riesgo de trasladar el problema fuera de la escuela.
Más que prohibir: educar en lo digital
Desde una perspectiva pedagógica, el desafío no es suprimir la tecnología, sino diferenciar entre pantallas con propósito y pantallas sin intención educativa. Un dispositivo puede ser distractor o herramienta, según el diseño didáctico que lo enmarque.
En la práctica escolar, esto implica reglas claras y flexibles. Muchas instituciones permiten llevar el celular en la mochila, pero restringen su uso durante la clase, salvo autorización docente para actividades específicas. También contemplan excepciones por motivos de salud, necesidades educativas especiales o emergencias. Esa combinación de marco común y adaptación institucional es clave para que la norma no se convierta en conflicto permanente.
La experiencia internacional muestra que la implementación gradual y conversada resulta más efectiva que la imposición abrupta. Espacios de diálogo con familias y estudiantes permiten construir acuerdos sobre tiempos y lugares de uso, resguardando tanto la comunicación familiar como el derecho a aprender en un entorno sin interrupciones constantes.
El debate, además, interpela a los adultos. Si el objetivo es proteger la conversación pedagógica, la coherencia institucional importa. Un aula donde solo se controla al estudiante difícilmente construya cultura digital responsable.
En este escenario, el eje temático de los celulares en el aula puede convertirse en oportunidad. La regulación abre la puerta a integrar en el currículum contenidos sobre bienestar digital, gestión del tiempo en línea, prevención del ciberacoso y uso creativo de recursos tecnológicos. La escuela puede enseñar a producir contenidos, investigar fuentes confiables y comprender algoritmos, al mismo tiempo que establece momentos de desconexión.
La clave está en el equilibrio. Un aula saturada de notificaciones compite con la escucha y el intercambio; una escuela desconectada de la cultura digital corre el riesgo de volverse irrelevante. Entre ambos extremos se construye una pedagogía del uso responsable.
La tendencia global indica que limitar el uso de celulares durante la clase no es una reacción aislada, sino parte de un cambio de enfoque. La pregunta ya no es si la tecnología debe estar presente en la vida de los estudiantes —lo está—, sino qué lugar ocupa dentro de la experiencia escolar.
Regular puede ayudar a recuperar la atención y la convivencia. Pero el salto cultural será mayor si la escuela aprovecha el debate para fortalecer la educación digital integral. No se trata de menos tecnología, sino de más criterio pedagógico. En un mundo hiperconectado, aprender a usar bien las herramientas digitales es tan importante como saber cuándo guardarlas.
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