La primeria infancia es un momento trascendental para el desarrollo integral de los más chicos, por lo que la crianza, la enseñanza y el cuidado resultan claves en esta franja etaria. Argentina avanzó durante los últimos años en normativas y la ampliación de derechos de los más pequeños, pero los desafíos para garantizar una educación inicial de calidad para todos los niños del país aún persisten.

Tras un año en el que la presencialidad se vio disminuida a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, se renueva la urgencia de impulsar una agenda en favor de políticas educativas para la primera infancia. Para eso es necesario contar con datos concretos que permitan avanzar en soluciones a corto y largo plazo. CIPPEC y UNICEF elaboraron un “Mapa de la Educación Inicial en Argentina” en base a cinco informes técnicos: acceso, oferta, profesionales, panorama curricular y normativo.

Este reúne elementos que dan forma a un primer diagnóstico sobre la educación infantil (que abarca de los 45 días a los cinco años) en el país a partir de tres dimensiones: la oferta y la cobertura, su regulación (normativa y currículum) y los docentes que en él se desempeñan.

¿Cuántos y quiénes acceden a instituciones de primera infancia? ¿Qué características tienen los jardines maternales y de infantes? ¿Quién y cómo se regulan? ¿Qué profesionales están a su cargo? Estas son algunas de las preguntas que busca resolver el estudio que dio como resultado el informe antes mencionado.

“El nivel inicial tiene la chance de construir condiciones de equidad y de justicia desde la más temprana edad”, afirma Jennifer Guevara, investigadora asociada del Programa de Educación de CIPPEC. 

Pero, ¿en qué momento empezó a hablarse de educación inicial? Durante la gestión de Domingo Faustino Sarmiento. En 1884, la Ley de Educación Común N°1420 que estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria, en su artículo 11 menciona también a los jardines de infantes: “además de las escuelas comunes se establecerán (…) uno o más jardines de infantes en las ciudades donde sea posible dotarlos suficientemente”.

La regulación tiene el potencial de generar una mejora en la calidad de la educación. Por un lado, porque define los pisos mínimos a cumplir por el Estado y los establecimientos educativos. En un contexto signado por fuertes desigualdades sociales y geográficas, como el argentino, esta regulación es fundamental para avanzar hacia una mayor justicia educativa. Por otro lado, porque los esfuerzos por fortalecer la regulación pueden contribuir a mejorar la educación inicial y habilitar a la sociedad para exigir su cumplimiento.

Respecto a los registros nacionales de los últimos 25 años, la sala de 5 años está universalizada casi en su totalidad; la cobertura de la sala de 4 se amplió llegando al 87% en la última década; la de 3, al 45% y en las salas maternales, el crecimiento resultó marginal. Sin embargo, aún se verifican desafíos pendientes en torno a la calidad de los servicios en relación con las necesidades de las familias y grandes disparidades en el acceso por nivel socioeconómico y, entre jurisdicciones, disparidades que se profundizan aún más con respecto a las áreas rurales o contextos más vulnerables.



El estudio permite identificar algunos desafíos para garantizar el derecho de la educación inicial inclusiva, equitativa y de calidad. Un primer punto es el impulso estatal por ampliar el acceso mediante criterios de equidad en su priorización territorial. En la actualidad el sector privado es quién tiene mayor participación en comparación con el resto de los niveles del sistema educativo.

“No solo vemos que falta oferta por cubrir, sino que es desigual. Hay una enorme diferencia en los territorios”, asegura Guevara.

Un segundo punto es la necesidad de que todos los espacios destinados a la primera infancia compartan criterios comunes sobre principios de trabajo, infraestructura y mobiliario, higiene y nutrición, contenidos críticos y metodologías para el trabajo con niños y niñas. “El desafío es la construcción de consensos federales que renueven los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para hacerlos más integrales, que llegue a donde haya un niño sin importar el tipo de institución que lo esté atendiendo, y que logre alcanzar a toda la franja etaria”.



Por último, un tercer desafío consiste en avanzar hacia una distribución más equitativa de los cargos docentes entre diversos sectores y tipos de gestión. El informe demuestra que aproximadamente el 65% de las escuelas no cuentan con auxiliares docentes y un 60% no posee docentes que enriquezcan la propuesta curricular, fenómenos que profundizan cuando se comparan escuelas rurales y urbanas, de gestión estatal y privada.

Para la investigadora asociada del Programa de Educación de CIPPEC, Jennifer Guevara, este es uno de los puntos “claves” del informe debido a que se trata de datos que “no se habían leído de esa manera antes en Argentina” y asegura que la discusión debe estar centrada en “pensar los pisos mínimos de recursos que todo niño o niña de Nivel Inicial debería poder acceder”.



El “Mapa de la Educación Inicial en Argentina” es el resultado de tres años de trabajo conjunto entre UNICEF y CIPPEC y refleja su compromiso para generar evidencia que contribuya a fortalecer las políticas para la primera infancia, y a la promoción de diálogos tanto con la esfera pública como privada y también, para con la sociedad, a fin de continuar garantizando los derechos y el bienestar de las niñas y los niños.

La continuidad de los aprendizajes en la primera infancia tuvo un gran impacto debido a la pandemia por COVID-19, resultado de las dificultades para sostener las clases virtuales y la falta de contacto presencial entre niños y niñas y con los docentes. El Mapa de la Educación Inicial de Argentina ofrece claves fundamentales para avanzar en una agenda de equidad y calidad para la educación inicial.