El derecho que no se detiene en los muros, la educación en contextos de encierro (ECE) constituye una modalidad específica del sistema educativo argentino destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad. Su propósito es promover la formación integral y el desarrollo pleno de quienes se encuentran en situación de encierro, reconociendo que el ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna.

De acuerdo con la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 127/10, la modalidad ECE abarca la atención educativa en distintos ámbitos: cárceles, centros socioeducativos para jóvenes infractores y centros de tratamiento de adicciones de régimen cerrado. Allí donde las personas no pueden asistir a escuelas externas, la escuela ingresa, adaptando su estructura y su práctica para sostener el principio de inclusión.

El desafío es inmenso. Según el Informe SNEEP Argentina 2024, al 31 de diciembre de ese año había 120.700 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, y otras 12.885 en comisarías o dependencias policiales, lo que eleva el total a 133.585 personas —una tasa de 284 detenidos cada 100.000 habitantes—. La sobrepoblación carcelaria promedio alcanzaba el 22,9 %, un dato que refleja el contexto estructural en el que se desarrolla la tarea educativa.

En ese universo, el 62 % de las personas detenidas ingresó con estudios primarios o inferiores, y el 53 % tenía menos de 35 años. Estas cifras no solo describen una realidad social compleja, sino que explican por qué la educación es una herramienta central para la reconstrucción de trayectorias interrumpidas y la restitución de derechos.

Allí donde el encierro impone sus reglas, la escuela se convierte en un acto de afirmación humana. Enseñar y aprender dentro de un penal es sostener la idea de que nadie queda fuera del derecho al conocimiento, y que la educación puede abrir puertas incluso en los lugares donde las rejas parecen clausurar toda posibilidad.



Enseñar donde el tiempo y el espacio se redefinen

El trabajo docente en contextos de encierro demanda una pedagogía particular. Enseñar en un ambiente de control permanente, con tiempos fragmentados y espacios restringidos, exige flexibilidad, compromiso ético y creatividad. Las clases pueden interrumpirse por traslados o requisas, pero aun así los docentes sostienen la continuidad pedagógica como un gesto de resistencia frente a la deshumanización.

Las y los educadores que trabajan en esta modalidad no solo transmiten saberes. También acompañan procesos personales y colectivos, construyen vínculos, generan confianza y crean condiciones para que la palabra circule. En muchos casos, el aula se convierte en el único espacio donde los estudiantes pueden ser escuchados, participar y sentirse reconocidos como sujetos de conocimiento.

En ese marco, la política educativa nacional impulsa líneas de acción concretas. Además de la escolaridad obligatoria, la modalidad ECE ofrece formación técnico profesional, promueve la educación superior y a distancia, fomenta la educación no formal y estimula la participación cultural y artística. También articula con diversos organismos e instituciones a través de mesas intersectoriales y programas como el Plan FinEs o la Especialización Docente de Nivel Superior en Contextos de Encierro, reconocida por la Resolución Ministerial N° 35/13.

Sin embargo, los desafíos persisten. Según el Informe SNEEP 2024, solo el 46 % de la población penitenciaria participa en programas educativos formales, y apenas el 23 % en programas de capacitación laboral. Estos números revelan que, aunque la educación en contextos de encierro avanza, todavía existen barreras vinculadas con la infraestructura, la continuidad pedagógica, la disponibilidad docente y el acceso a materiales.

Aun así, cada espacio educativo que se abre en una unidad penal o centro juvenil reafirma una convicción: la educación puede transformar realidades incluso en los entornos más adversos. La escuela, en ese sentido, es un territorio de libertad simbólica, donde el tiempo y el aprendizaje adquieren un sentido distinto.



La educación que atraviesa los muros

La educación en contextos de encierro no es un privilegio, sino un derecho. Es también una política pública que apuesta a la inclusión y la justicia social, reconociendo que el conocimiento es una vía de reparación y de reintegración. Aprender en la cárcel o en un centro juvenil significa, muchas veces, recuperar la confianza en uno mismo y en la posibilidad de un futuro distinto.

El marco normativo internacional —desde la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) hasta las Reglas de Beijing, de Tokio y de Riad—, junto con las leyes nacionales y resoluciones del Consejo Federal de Educación, refuerzan la obligación del Estado de garantizar este derecho. Pero más allá de las leyes, son las prácticas cotidianas las que sostienen la esperanza: docentes que enseñan entre muros, estudiantes que se reencuentran con la palabra, instituciones que apuestan por el vínculo y la posibilidad de aprender.

Frente a las condiciones materiales y la sobrepoblación, la educación en contexto de encierro se erige como una forma de resistencia y de reconstrucción simbólica. Allí, cada lectura, cada clase o cada examen aprobado es un acto de libertad. Como escribió Paul Éluard, “Hay otros mundos, pero están en este”.
La escuela, dentro del encierro, es precisamente ese otro mundo: el lugar donde la educación se convierte en horizonte, y la palabra vuelve a abrir caminos hacia la dignidad.