La salud mental de niñas, niños y adolescentes ya no puede pensarse como un asunto separado de la experiencia educativa. La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún problema de salud mental. En Argentina, datos difundidos por UNICEF indican que durante 2024 el 9% de adolescentes de 13 a 17 años manifestó haberse sentido deprimido y el 13%, angustiado.

El problema plantea una tensión decisiva para las escuelas. Las instituciones educativas no reemplazan a los servicios de salud ni deben diagnosticar o tratar. Pero son uno de los espacios cotidianos donde pueden fortalecerse vínculos, detectar señales de alerta, prevenir situaciones de violencia y construir condiciones que favorezcan el bienestar.

La discusión, entonces, comienza a desplazarse. Ya no se trata solamente de preguntarse cómo actuar cuando un estudiante atraviesa una situación crítica, sino qué características necesita una escuela para constituirse en un entorno protector antes de que los problemas aparezcan o se agraven.

De atender el problema a construir bienestar

Los datos argentinos permiten dimensionar ese desafío. Según información de UNICEF en Argentina, el 20% de los adolescentes declaró haber presenciado situaciones de bullying y el 11% afirmó haberlas sufrido.

Otra consulta realizada por UNICEF mediante U-Report, con casi 6.000 adolescentes de nueve jurisdicciones, identificó entre los factores que perjudican su salud mental a la discriminación, el bullying y el cyberbullying, junto con las presiones familiares y escolares, la violencia, el abuso y el acoso.

La convivencia deja así de ser un asunto exclusivamente disciplinario. Sentirse parte de la escuela, contar con adultos disponibles, poder expresar una dificultad, participar y disponer de canales seguros para pedir ayuda son condiciones vinculadas tanto con el bienestar como con la posibilidad de aprender y sostener una trayectoria educativa.

El desafío es construir esas condiciones sin trasladar responsabilidades clínicas a los educadores. El papel de la escuela puede organizarse alrededor de la promoción del bienestar, la prevención, la detección de señales que requieren atención y la articulación con equipos especializados.

Esta perspectiva exige una institución conectada con familias, servicios de salud, organismos de protección de derechos y recursos comunitarios. La red debe estar disponible antes de una emergencia, con responsabilidades y circuitos de actuación conocidos.



Las habilidades socioemocionales también se enseñan

En ese escenario cobra relevancia el aprendizaje socioemocional, entendido como el desarrollo de capacidades para reconocer y gestionar emociones, establecer relaciones saludables, colaborar, afrontar dificultades, resolver conflictos y tomar decisiones responsables.

Su incorporación no implica sumar ocasionalmente una charla sobre emociones. La evidencia internacional disponible muestra mejores resultados cuando existe continuidad e integración con la experiencia escolar.

Un metaanálisis publicado en Child Development en 2023 examinó 424 estudios realizados en 53 países, con 575.361 estudiantes. Encontró mejoras significativas en habilidades y actitudes socioemocionales, comportamientos, relaciones entre pares, clima y seguridad escolar, funcionamiento escolar y rendimiento académico frente a los grupos de comparación. Los resultados, sin embargo, variaron según el contexto y la calidad de implementación.

Ese matiz resulta central. La evidencia no permite asumir que cualquier actividad presentada como “educación emocional” producirá los mismos efectos. Importan los contenidos, la secuencia, las metodologías, el tiempo dedicado y su integración con la cultura institucional.

También importa la coherencia. Enseñar empatía pierde fuerza si los estudiantes no encuentran espacios para expresarse. Trabajar resolución de conflictos resulta insuficiente si toda diferencia termina únicamente en una sanción. Promover participación responsable requiere ofrecer oportunidades reales para intervenir en decisiones de la vida escolar.

Argentina cuenta con un marco que permite avanzar en esa dirección. La Ley 26.892 establece bases para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, mientras que la Ley de Educación Nacional 26.206 reconoce, entre otros aspectos, el derecho a una educación integral y a la protección frente a agresiones físicas, psicológicas o morales.



Una política que atraviese toda la escuela

El salto más complejo consiste en pasar de actividades aisladas a una estrategia institucional. Una respuesta integral puede combinar acciones universales para todos los estudiantes, apoyos focalizados para quienes atraviesan dificultades específicas y mecanismos de derivación hacia servicios especializados cuando la situación lo requiere.

En el primer nivel aparecen el aprendizaje socioemocional, la prevención del bullying y cyberbullying, la ciudadanía digital, la participación estudiantil y la resolución constructiva de conflictos. En un segundo nivel pueden incorporarse tutorías, espacios de escucha, orientación y acompañamientos específicos. El tercero corresponde a situaciones que requieren intervención profesional y articulación con los sistemas de salud o protección de derechos.

Este esquema también delimita el papel docente. Los educadores necesitan herramientas para generar ambientes seguros, acompañar conflictos, observar cambios significativos y reconocer cuándo solicitar intervención especializada. Pero esa responsabilidad requiere formación, protocolos, equipos de apoyo y cuidado del propio bienestar profesional.

La dimensión digital agrega otra exigencia. Las relaciones escolares continúan hoy en redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos y otras plataformas. Por eso, abordar convivencia supone también trabajar privacidad, identidad digital, presión de pares, circulación de imágenes, hostigamiento y mecanismos para pedir ayuda. No se trata solamente de enseñar seguridad tecnológica, sino de aprender a convivir en entornos digitales.

El cambio de perspectiva alcanza incluso a la manera de evaluar. Una escuela puede observar pertenencia, seguridad, participación, calidad de los vínculos, disponibilidad de adultos de referencia, situaciones de hostigamiento y capacidades para resolver conflictos sin convertir esas observaciones en diagnósticos clínicos.

La pregunta relevante deja de ser solamente qué le ocurre a un estudiante y comienza a incluir qué sucede en su entorno, qué vínculos construye, con qué apoyos cuenta y qué puede modificar la institución.

Ese desplazamiento redefine el lugar del bienestar en la educación. La escuela no necesita convertirse en un consultorio para asumir un papel significativo frente a la salud mental. Necesita construir condiciones para que aprender también implique sentirse seguro, escuchado, reconocido y parte de una comunidad.