El gobierno nacional de Costa Rica decidió actuar antes de que la escasez de agua afecte el funcionamiento de sus escuelas. El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció una inversión cercana a US$385.000 para reforzar el abastecimiento de agua potable en 109 centros educativos de la provincia de Guanacaste, una de las regiones más vulnerables del país frente a las sequías asociadas al fenómeno de El Niño.

La primera etapa beneficiará a más de 17.000 estudiantes, además de docentes y personal administrativo. Los fondos serán transferidos durante agosto a las Juntas de Educación, que se encargarán de adquirir e instalar tanques de almacenamiento de distintas capacidades, junto con sistemas de bombeo y otros equipos necesarios para asegurar el suministro dentro de cada establecimiento. El objetivo es evitar que una eventual interrupción del servicio de agua obligue a suspender las actividades escolares. Contar con reservas de agua resulta esencial no solo para el consumo humano, sino también para el funcionamiento de sanitarios, la preparación de alimentos, la higiene y el mantenimiento de condiciones sanitarias adecuadas en las escuelas.

La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que realizó un diagnóstico técnico en cada uno de los centros educativos priorizados.

Una respuesta basada en las necesidades de cada escuela

El relevamiento permitió identificar las soluciones más adecuadas para cada institución considerando la continuidad del servicio de agua, la cantidad de estudiantes, las características de la infraestructura, la capacidad de almacenamiento necesaria y los equipos requeridos para distribuir el agua dentro del establecimiento. A partir de ese análisis, cada Junta de Educación recibirá recursos acordes con las necesidades detectadas, en lugar de aplicar una solución uniforme para todas las escuelas.

La medida forma parte de las acciones preventivas impulsadas tras la emisión de la Alerta Verde de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), que instó a las instituciones públicas a fortalecer su planificación frente a la posible consolidación del fenómeno ENOS en su fase cálida.

Guanacaste, una de las regiones más expuestas

La elección de Guanacaste no es casual. Diversos estudios del Instituto Meteorológico Nacional muestran que durante los episodios de El Niño el Pacífico Norte de Costa Rica puede registrar reducciones promedio del 26 % en las precipitaciones, afectando directamente la disponibilidad de agua para consumo humano. Los antecedentes históricos muestran que el fenómeno puede tener consecuencias aún mayores. Durante el evento de El Niño de 2009-2010, la región registró déficits cercanos al 30 % de las lluvias, mientras que en el episodio de 1997-1998 la disminución alcanzó aproximadamente el 33 %, provocando importantes pérdidas económicas para la producción agropecuaria.

Investigaciones nacionales también identifican a Guanacaste como una de las provincias con mayor vulnerabilidad hídrica debido a la limitada disponibilidad de agua subterránea en varias zonas y a la presión creciente sobre sus acuíferos. En ese contexto, disponer de capacidad de almacenamiento en las escuelas puede marcar la diferencia entre mantener las actividades educativas o interrumpirlas durante los períodos de mayor escasez.



Adaptación climática desde el sistema educativo

El sistema educativo costarricense cuenta con más de un millón de estudiantes distribuidos en más de 5.300 centros educativos. Aunque esta primera etapa alcanza únicamente a 109 instituciones, representa una estrategia focalizada para proteger a las comunidades escolares ubicadas en los territorios de mayor riesgo. Más allá de la inversión, la iniciativa refleja un cambio de enfoque: en lugar de responder cuando la emergencia ya afecta el funcionamiento de las escuelas, el gobierno apuesta por fortalecer la infraestructura antes de que la crisis se produzca.

El ministro de Educación Pública destacó que garantizar agua potable significa proteger simultáneamente el derecho a la educación, la salud y la permanencia de los estudiantes en las aulas. Desde el AyA, en tanto, remarcaron que la iniciativa forma parte del compromiso asumido por el país para garantizar agua segura en las comunidades educativas. La experiencia costarricense también ofrece una referencia para otros sistemas educativos de América Latina, donde la adaptación al cambio climático comienza a formar parte de las políticas de infraestructura escolar. La disponibilidad de agua dejó de ser únicamente un desafío ambiental para convertirse en una condición indispensable para asegurar la continuidad del aprendizaje frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.